Tercer Green Lunch: la responsabilidad internacional ambiental de la empresa privada en el sector extractivo

octubre 07, 2017

En Colombia, al igual que muchos otros países latinoamericanos, las empresas multinacionales dedicadas al extractivismo (en todas sus formas) tienen gran influencia sobre la vida y el territorio. En la actualidad, muchas de sus actividades han sido cuestionadas desde distintos sectores a tal punto que la gestión de muchas de ellas ha sido puesta bajo la lupa en varias oportunidades; incluso en la opinión pública es posible identificar cierta reticencia al respecto. Uno de los impactos más discutidos, y, además, más trágicamente visibles, es y continuara siendo el ambiental.  Es por ello porque lo que son las empresas actores indispensables a la hora de ejercer un rol activo en el impulso de estrategias de producción sostenible y cuidado de la naturaleza.

De ese modo, y con la intención de sumarse a la discusión y cualificar argumentos para incrementar el entendimiento en la cuestión, el pasado 15 de septiembre la tercera versión del Green Lunch auspiciada por la Universidad Jorge Tadeo Lozano y la Academia Colombiana de Derecho Internacional giró en torno a la Responsabilidad Internacional Ambiental de la empresa privada, y, de manera particular, al sector extractivo. Indiscutiblemente, una de las estrategias más sonadas para enfrentar la problemática ambiental de la extracción de recursos naturales a nivel global.

En su introducción, Fabián Cárdenas, director del Green Lunch y profesor titular de Derecho Internacional Ambiental de la UTadeo, explicó la relevancia del tema en el contexto contemporáneo y reseñó como el derecho internacional público ha reconocido a las empresas multinacionales como sujetos de derecho. Para el profesor Cárdenas el hecho de las más importantes organizaciones internacionales (entre ellas la ONU) hayan creado instrumentos estudien el alcance y los límites de la actividad de los grandes conglomerados productivos con relación a los derechos humanos y el medio ambiente dice mucho de la importancia de estas. Dicha importancia tiene que ver con el impacto que sus actividades tienen sobre lo que se denomina la res communis, o todos aquellos bienes que comparte la humanidad, y como ya se ha señalado, es negativo, por no decir destructivo. Lo anterior derivó en la creación participativa de una serie de principios, como, por ejemplo, la obligación de rendir de cuentas públicamente y la obligación de realizar estudios de impacto ambiental, que permitirían ejercer una veeduría real sobre el estado de sus actividades y los potenciales riesgos de su intervención.

Desde su perspectiva institucional, Angela Rivera, asesora de la oficina de asuntos internacionales y de la dirección de cambio climático del Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, centró su presentación en el Convenio de Minamata sobre el uso del mercurio en actividades productivas, y, para efectos de la presentación, reseñó el estado actual del instrumento y las posibilidades que abre este. Actualmente Colombia no hace parte del Tratado, es decir, no ha sido ratificado por el procedimiento ordinario a través del Congreso. Sin embargo, la delegación colombiana ha participado activamente en todos los escenarios de negociación y promoción a nivel regional. Particularmente se refirió al art. 7 del Convenio en donde es abordado específicamente el tema de la minería artesanal o a pequeña escala (en donde es utilizado el mercurio para la extracción de oro) señalando que debido a la especificidad de la situación en nuestro país (en donde la actividad se categoriza como de subsistencia, es decir, que las personas viven día a día de ello) no es posible prohibirla sin antes construir estrategias gubernamentales que permitan hacer el tránsito a otras actividades que no incluyan el uso de aquella sustancia.

Tal vez una de las de intervenciones más esperadas fue la de Almicar García, gerente de Asuntos Ambientales de la multinacional Drummond Ltd., quien encamino su presentación hacia lo que ha venido haciendo su empresa para posicionarse como una de las más progresistas y responsables ambientalmente en todos los momentos de la extracción y distribución del carbón. La responsabilidad ambiental desde su punto de vista corresponde a todos los esfuerzos que la empresa hace por devolver una parte de lo que gana a las comunidades que de algún modo se han visto afectadas por sus actividades. No sólo es cumplir lo que establece la ley sino ir mucho más allá y tratar de ser un ejemplo de buenas prácticas empresariales, afirmó, invirtiendo en proyectos de recuperación ambiental y en obras de mejoramiento de las condiciones de habitabilidad de los territorios en donde la minería tiene lugar. Por otro lado, sentó su postura y condeno la minería ilegal, la cual calificó como el peor problema ambiental de país y aseguró que es necesario continuar con los esfuerzos que ha hecho el gobierno para erradicarla. Para finalizar su intervención, señaló la importancia de que la academia acompañe a la empresa para que cada vez sean mejores las maneras de realizar los procesos de extracción y transporte, y, así, se logren mitigar algunos de los daños producidos.

Desde su punto de vista de académico y consultor, Milton Montoya, director de investigaciones del Departamento de Derecho Minero Energético de la Universidad Externado, presentó un panorama actual de lo que viene aconteciendo en nuestro país respecto a la tendencia popular de rechazar algunas de las expresiones de la minería a gran escala.  Para Montoya la proliferación de consultas populares ha dejado claro que es necesaria la puntualización de las competencias de los entes territoriales sobre asuntos que potencialmente podrían significar aprietos para gobierno central, como, por ejemplo, eventuales demandas por incumplimiento de contratos en tribunales de arbitramento, disminución de ingresos por regalías, descalificaciones en los informes de confianza para inversión extrajera, entre otros. Para ilustrar su punto, según la Asociación Colombiana de Minería actualmente hay 49 consultas populares en proceso de convocatoria y 17 acuerdos municipales que pueden definir el futuro de algunos de los proyectos más ambiciosos en el país que tienen que ver directamente con la industria minero-energética.

Lejos de agotar las discusiones, esta versión del evento dejo más inquietudes que respuestas, y, del mismo modo, algunos argumentos de primera mano para evaluar el papel de las autoridades ambientales competentes y las empresas multinacionales siempre activas en su quehacer. No cabe duda de que el tema requiere especial atención a la luz de los hechos más recientes de nuestro país, sobre todo respecto a los paros mineros, movilizaciones sociales y movimientos sociales que han surgido como una síntesis de la inconformidad y rechazó hacia la minería a gran escala.

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