Corrupción y derechos humanos? Una nueva discusión para el Sistema Interamericano

mayo 17, 2018

Por: Felipe Franco Gutiérrez

Abogado de la Pontificia Universidad Javeriana, Magister en Asuntos Internacionales de American University School of International Service, Profesor de Derecho Internacional Público de la Pontificia Universidad Javeriana. Asesor en transparencia y gobierno abierto de la Veeduría Distrital de Bogotá.

En su más reciente resolución del 2 de marzo de 2018, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) definió las primeras líneas de acción en el tema de corrupción y derechos humanos. Esta relación, aunque ya desarrollada en el escenario del derecho internacional de los derechos humanos, hasta ahora comienza a entenderse y desarrollarse en el hemisferio americano.

Esta nueva resolución surge a partir del trabajo de la CIDH en diferentes frentes. La Comisión ha estudiado este tema en el marco de 3 audiencias temáticas sobre (i) derechos humanos y denuncias sobre impunidad y corrupción en República Dominicana(2017), (ii) denuncias sobre corrupción en instituciones públicas en Honduras(2015) y (iii) procesos de personas acusadas de corrupción en Perú (2005). Adicionalmente, ha sido un tema de discusión académica al interior de este organismo como lo fue dentro del primer Foro del Sistema Interamericano de Derechos Humanosrealizado en diciembre de 2017. Varias reuniones y consultas en el tema fueron también realizadas como la reunión dada en Colombia dentro del 167 periodo ordinario de sesiones de febrero de este año.

De igual manera, esta nueva resolución retoma un primer pronunciamiento de la CIDH alusivo a este tema. En la Resolución 1/17del 12 de septiembre de 2017, la Comisión se refirió por primera vez al tema de derechos humanos y lucha contra la corrupción, a raíz de la decisión del presidente de Guatemala Jimmy Morales de expulsar del país al comisionado Iván Velásquez, jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). En esta decisión, la CIDH enfatizó el rol de una justicia independiente y una ciudadanía activa en control social, como motores para la lucha contra la corrupción. Asimismo, destacó los efectos nocivos de la corrupción en el goce de derechos, en especial de los derechos económicos, sociales y culturales.

Este ha sido un primer punto de la conversación al interior de la Organización de Estados Americanos pero ciertamente no el último. Observemos como la última Cumbre de Las Américas se desarrolló bajo el tema “Gobernabilidad democrática contra la corrupción”. El compromiso final de este encuentro, ratificado por todos los estados miembros de la OEA, dio líneas especificas en materia de protección de la libertad de expresión y acceso a la justicia, como garantías de derechos humanos que se ven vulneradas a causa del flagelo de la corrupción.

En su nueva resolución de 2018, la Comisión Interamericana define cuatro ejes fundamentales para entender la relación entre corrupción y derechos humanos: (i) Independencia, imparcialidad, autonomía y capacidad de los sistemas de justicia; (ii) Transparencia, acceso a la información y libertad de expresión; (iii) Derechos económicos, sociales, culturales y ambientales y (iv) Cooperación internacional. Si bien cada uno de estos ejes es ampliamente explicado en la resolución, existen cuatro recomendaciones principales a rescatar:

  1. Fortalecer la protección material a la operación de justicia en las Américas
  2. Promover y proteger la transparencia activa;
  3. Monitorear los programas y políticas sociales estatales con un enfoque integral de derechos;
  4. A un problema regional, una respuesta regional en materia de cooperación internacional

Esta es una primera aproximación al tema como bien lo señala la CIDH. En ese sentido, la promoción de estos primeros estándares y recomendaciones son susceptibles de ser nutridos. La CIDH podría entrar a ahondar en la corresponsabilidad del sector privado en materia de corrupción y derechos humanos, la importancia de abordar la protección contra la corrupción de manera diferencial (mujeres y niñez), y pensar en una cooperación estratégica de la CIDH con otros organismos multilaterales de lucha contra la corrupción como la OCDE, la Alianza para el Gobierno Abierto y la Alliance for Integrity, por mencionar algunos temas prioritarios.

Bajo esta primera aproximación, la CIDH se ha embarcado en una importante discusión. Ante la pluralidad de casos de corrupción dentro de la región, los estándares delineados en esta resolución cobran especial importancia. Cabe ver como hará la Comisión para continuar esta discusión, y de poder traducir estos puntos claves en acciones concretas, en conjunto con los estados del hemisferio, para garantizar la protección de las víctimas de la corrupción en casos de especial vulneración de sus derechos humanos.

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